PLAFT: qué exige la ley chilena y cómo demostrarlo sin planillas

La Ley N.º 19.913 crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y obliga a ciertas organizaciones —bancos, cooperativas, y hoy también plataformas fintech (Ley N.º 21.521) y rubros como automotoras, armerías y joyerías (Ley N.º 21.575)— a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La Circular N.º 62 de la UAF pide tres cosas concretas: un Oficial de Cumplimiento designado, un manual interno de prevención, y un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para clasificar a cada cliente. La Circular N.º 2.368 de la CMF alinea a bancos, cooperativas y emisores de tarjetas con esas mismas directrices.

En SGI Suite, el módulo PLAFT guía ese camino paso a paso: designe a su Oficial de Cumplimiento, registre la debida diligencia de cada cliente (con su nivel de riesgo y si es una Persona Expuesta Políticamente), vigile alertas de operaciones inusuales y deje los reportes a la UAF —ROS y RTE— listos y trazables.

Como en el resto del GRC, una cadena de flujo muestra de un vistazo qué cliente tiene su debida diligencia al día y cuál aún no.